El gobierno federal cerró a finales de mayo la consulta pública para elaborar un guía de competencias digitales para adultos mayores, un paso crucial para enfrentar la exclusión digital de la población mayor de 60 años. La iniciativa, que busca desarrollar habilidades digitales y mediáticas, revela un panorama de desigualdad profunda: mientras una minoría disfruta de la tecnología, la mayoría enfrenta barreras que afectan su autonomía. El relatório de la Conferencia Libre Nacional señala que esta situación constituye una violación de derechos garantizados por el Estatuto de la Persona Mayor. El desafío va mucho más allá de la simple disponibilidad de dispositivos.
Una ciudadanía digital fragmentada
Según el documento de la conferencia, la práctica muestra una ciudadanía digital dividida en dos clases. Por un lado, una pequeña parte de los mayores posee un acceso pleno y calificado, capaz de utilizar servicios en línea sin problemas. Por el otro, una amplia mayoría queda relegada a una participación precaria, con baja autonomía o completamente excluida. Este escenario genera un sentimiento de intimidación y baja autoeficacia, lo que lleva a muchos a internalizar la creencia de que son incapaces de aprender. El resultado es el abandono de la tecnología y un mayor aislamiento social. Para los defensores de la causa, la inclusión digital no es solo una cuestión de conveniencia, sino un derecho humano fundamental.
Barreras cotidianas en los servicios públicos
Pensemos en el adulto mayor que depende de un plan de datos prepago y limitado, con un teléfono inteligente de interfaz poco amigable. Quizás logre intercambiar mensajes en aplicaciones, pero la situación se complica al llenar formularios del Gov.br, agendar una cita en el SUS o verificar beneficios en el Meu INSS. Estas barreras transforman lo que debería ser un derecho en un obstáculo insalvable para muchos. El informe subraya que la falta de accesibilidad digital compromete el acceso a servicios esenciales de salud y previsión social.
Las reivindicaciones de los grupos activistas
Ante este diagnóstico, los grupos que trabajan por la inclusión digital de los mayores presentaron una serie de demandas. Destaca la política de democratización del acceso a herramientas y dispositivos digitales, con oferta gratuita para los adultos mayores de bajos ingresos. También exigen incentivos a la industria para desarrollar teléfonos adaptados a las necesidades específicas de este grupo etario. Otra propuesta es la creación de centros de informática en estructuras comunitarias como consejos, centros de convivencia y bibliotecas. El servicio humanizado, con profesionales capacitados para realizar mentorías, también se considera esencial.
Capacitación para un uso seguro
Uno de los puntos más delicados es la capacitación para el uso seguro de aplicaciones bancarias y plataformas de salud y seguridad social. El informe sostiene que los mayores deben adquirir competencias digitales que les permitan identificar información engañosa y protegerse de estafas y fraudes financieros. El enfoque abarca desde el manejo de cajeros automáticos hasta la navegación en entornos en línea. Según los activistas, sin esta preparación, la inclusión digital podría convertirse en una puerta de entrada a mayores riesgos.
El guía orientativo, ahora en fase de elaboración tras la consulta, representa solo el primer paso. Los activistas esperan no solo su finalización, sino la implementación efectiva de las directrices propuestas. En año electoral, la exigencia hacia los candidatos se vuelve aún más relevante: es fundamental conocer qué propone cada uno para enfrentar la exclusión digital de los mayores. La sociedad civil confía en que el tema gane centralidad en los debates públicos y en las agendas políticas.
En año electoral, la presión sobre los candidatos se intensifica. La sociedad civil exige conocer las propuestas de cada uno para abordar la exclusión digital de los mayores. El tema debe ocupar un lugar central en los debates públicos y en las agendas políticas, según los activistas. La implementación efectiva de las directrices del guía dependerá de la voluntad política de las próximas autoridades.